El Gobierno hace recaer sobre los
trabajadores (a través de un IRPF cada vez menos progresivo) y sobre el consumo
(IVA, impuestos especiales…) la recaudación fiscal prevista para 2017.
Mientras las empresas pagaban por Impuesto de Sociedades un 22% en
2007, este año el Estado sólo recaudará el 12% por ese impuesto sobre los
beneficios patronales. Sus beneficios, en cambio, han crecido en relación a
aquel año en un 2’5% .
Sin embargo, Hacienda prevé ingresar en 2017 por el IRPF un 7,45% más que
hace diez años (del 75% casi el 83%), cuando en 2007 había 2,2 millones
más de trabajadores ocupados.
Si a ello le sumamos, además, las enormes deducciones fiscales a las
grandes empresas y las principales fortunas del país (bonificaciones del
Impuesto de Sociedades, imposición privilegiada de las SICAV, bonificaciones a
las cuotas patronales de la Seguridad Social, entre otras), junto al fraude
fiscal mediante el desvío de fondos a paraísos fiscales (y las correspondientes
amnistías fiscales posteriores en los pocos casos en que son perseguidos y
descubiertos), se llega a la conclusión de que el Gobierno hace recaer sobre
los trabajadores (a través de un IRPF cada vez menos progresivo) y sobre el consumo
(IVA, impuestos especiales…) la recaudación fiscal prevista para 2017.
Por tanto, el tradicional papel redistributivo del Estado, haciendo pagar a
quien más tiene para destinarlo a gasto social, se invierte con las políticas
neoliberales, haciendo crecer la concentración de la riqueza en cada vez menos
gente y aumentando la desigualdad social hasta extremos escandalosamente
insoportables, llegando a datos en 2016 como que tres personas (Amancio y
Sandra Ortega de Inditex y Juan Roig de Mercadona) concentren tanta riqueza
como 14 millones de personas, que el 10% de los ciudadanos más ricos acumulen
el 56% de la riqueza de todo el país o que mientras la riqueza de los tres más
ricos ha crecido en un 30%, la del 30% más pobre se haya visto reducida en una
tercera parte en la última década.